Estados Unidos incluyó nuevamente a Honduras entre los países considerados como principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.
La determinación presidencial fue presentada el 15 de septiembre y divulgada este miércoles por el Departamento de Estado estadounidense. En el listado también aparecen Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
El Departamento de Estado aclaró que la inclusión de un país en esta clasificación no implica necesariamente una valoración sobre los esfuerzos de su gobierno contra el narcotráfico ni sobre su nivel de coordinación con Estados Unidos.
Según la explicación oficial, la designación responde a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas ilícitas y de precursores químicos, incluso cuando los gobiernos implementan medidas de control de narcóticos y aplicación de la ley.
Cuatro países señalados por falta de avances
Dentro del documento, Estados Unidos identificó a Colombia, Afganistán, Bolivia y Birmania como países que, durante los 12 meses anteriores, no realizaron esfuerzos sustanciales para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas.
La determinación diferencia esta clasificación de la designación específica de países que, según la evaluación estadounidense, han incumplido de manera demostrable sus obligaciones internacionales en materia de control de drogas.
El Departamento de Estado también destacó las acciones de la administración estadounidense para combatir el tráfico de drogas y las organizaciones narcotraficantes, además de referirse a la cooperación con países del hemisferio occidental mediante la denominada Coalición de Contra Cártel de las Américas.
Señalamientos sobre México, Canadá y China
El informe también incluyó observaciones sobre México y Canadá. En el caso mexicano, Estados Unidos reconoció acciones como el desmantelamiento de laboratorios, el incremento de incautaciones y otras medidas contra organizaciones criminales, aunque señaló que espera mayores acciones para combatir estas estructuras y sus redes financieras.
Respecto a Canadá, el documento señaló la existencia de laboratorios clandestinos de fentanilo y el ingreso de precursores químicos y drogas sintéticas hacia territorio estadounidense, por lo que pidió reforzar las medidas de control.
China también fue mencionada debido a su papel como productor de numerosos precursores químicos utilizados en la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas. Estados Unidos reconoció nuevas medidas de control adoptadas por Beijing, pero sostuvo que las organizaciones criminales buscan evadirlas mediante sustancias no reguladas.
Situación en Sudamérica
En relación con Sudamérica, el Departamento de Estado destacó cambios políticos que, según su evaluación, han abierto nuevas oportunidades para la cooperación con gobiernos de la región.
El documento también abordó las situaciones de Venezuela y Bolivia, así como la lucha contra el narcotráfico en Colombia. En el caso venezolano, Estados Unidos señaló avances derivados de la cooperación con el gobierno interino y determinó que el país ya no debía mantener la clasificación de incumplimiento demostrable de sus compromisos de control de drogas.
Sobre Bolivia, el informe indicó que el nuevo gobierno no habría tenido tiempo suficiente para revertir el aumento del cultivo de coca registrado durante la administración anterior y mencionó la captura y extradición del narcotraficante Sebastián Marset.
En cuanto a Colombia, Estados Unidos señaló que espera avances en la erradicación de cultivos de coca y el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico durante el próximo año.
La inclusión de Honduras en la lista para el año fiscal 2027 mantiene al país dentro de la clasificación estadounidense de naciones consideradas principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas. El propio Departamento de Estado enfatizó que esta condición, por sí sola, no constituye una evaluación negativa de los esfuerzos antidrogas de un gobierno.