La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este miércoles una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con la aprobación, ejecución y liquidación del Fondo de Administración Solidaria, administrado por el Congreso Nacional entre 2023 y 2025.
Según la denuncia, durante ese período se asignaron L1,837 millones 349 mil 701.14 mediante la denominada línea presupuestaria 449, una partida de carácter discrecional administrada por la Secretaría de Finanzas.
La ASJ sostiene que estos recursos estaban destinados a obligaciones derivadas de préstamos, avales y emergencias por desastres naturales o calamidad pública, y no contemplaban gastos como becas, ayudas alimentarias, canchas deportivas, obras sociales o infraestructura menor.
La organización, capítulo hondureño de Transparencia Internacional, pidió a la Fiscalía abrir una investigación penal y solicitar a Finanzas las resoluciones emitidas entre 2023 y 2025 relacionadas con la asignación de fondos a instituciones como Sedesol, FHIS, SIT, Condepor, Fosede, Educrédito y la Secretaría de Gobernación.
Entre los hallazgos señalados figura el canje de 199,701 cupones alimenticios por L87.5 millones a través de Banasupro, de los cuales únicamente el 37 % habría sido liquidado.
Asimismo, la ASJ reportó L110.1 millones destinados a becas, cuya liquidación no pudo ser verificada debido a un acuerdo de confidencialidad entre Banadesa y Sedesol.
La denuncia cuestiona además que la distribución de los recursos se realizara tomando como referencia a los diputados gestores, en lugar de criterios técnicos previamente establecidos.
En materia de rendición de cuentas, la ASJ afirmó que las instituciones involucradas no han presentado los informes de liquidación exigidos por ley. Finanzas confirmó la ausencia de estos documentos en el caso de Sedesol y la SGJD, mientras que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) tampoco encontró registros correspondientes al período 2023-2025.
La organización advirtió que el manejo discrecional de fondos públicos por parte de legisladores, sin controles técnicos ni mecanismos adecuados de rendición de cuentas, representa un riesgo para la transparencia y el uso correcto de los recursos del Estado.