El Gobierno de Honduras aprobó el PCM 015-2026, mediante el cual declaró de utilidad pública los terrenos y fracciones de inmuebles necesarios para liberar el derecho de vía del libramiento sur de Tegucigalpa, una medida con la que busca reactivar la construcción de esta importante conexión vial.
La decisión fue adoptada en Consejo de Ministros y anunciada en Casa de Gobierno por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa.
El proyecto contempla la construcción de aproximadamente ocho kilómetros de carretera entre el anillo periférico, a la altura de La Cañada, y el kilómetro 7.5 de la carretera CA-5 Sur, en el sector de El Tizatillo.
La nueva vía pretende ofrecer una ruta alterna para quienes se desplazan diariamente entre Tegucigalpa y las comunidades ubicadas al sur de la capital. Según las autoridades, por este corredor circulan más de 35 mil vehículos cada día, por lo que la obra contribuiría a disminuir la congestión y los tiempos de traslado.
Municipios y comunidades como Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura, El Tizatillo y Sabanagrande se encuentran entre los sectores cuyos habitantes podrían beneficiarse con la habilitación de esta conexión.
Obra acumula siete meses de retraso
La subsecretaria de Infraestructura y Transporte, Liana Martínez, explicó que el proyecto recibió la orden de inicio el 29 de septiembre de 2025 y fue concebido inicialmente con un plazo de ejecución de 24 meses.
Sin embargo, la construcción acumula actualmente siete meses de retraso debido, principalmente, a las dificultades para completar la liberación del derecho de vía en puntos necesarios para continuar con los trabajos.
Martínez señaló que ya se han desarrollado labores de terracería, pero todavía es necesario garantizar el acceso a determinadas zonas para instalar equipos destinados a la producción de concreto y avanzar posteriormente hacia la etapa de pavimentación.
Ante esta situación, el Ejecutivo decidió recurrir al mecanismo de expropiación por utilidad pública para evitar que la falta de terrenos continúe frenando el proyecto.
Propietarios recibirán indemnización
El asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, explicó que la declaratoria se fundamenta en disposiciones de la Constitución de la República y en la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.
La medida contempla que los propietarios de los terrenos afectados reciban el correspondiente justiprecio, es decir, una indemnización por los bienes que sean requeridos para la construcción de la carretera.
Una vez notificados los propietarios, se procederá con el pago establecido. En los casos en que alguno de los afectados no acepte voluntariamente el monto determinado, la SIT podrá consignar los recursos ante el juzgado civil competente o una institución bancaria, donde permanecerán disponibles para su beneficiario.
Asimismo, los propietarios mantienen la posibilidad de recurrir ante los tribunales si consideran que el monto fijado por sus propiedades no corresponde al valor que legalmente debe reconocerse.
Gobierno promete acelerar los trabajos
Con la aprobación del PCM 015-2026, las autoridades pretenden eliminar el principal obstáculo que ha limitado el avance del libramiento sur y permitir que la obra retome el ritmo previsto.
El Gobierno aseguró que la expropiación no implica desconocer el derecho de propiedad y reiteró que los terrenos requeridos serán pagados mediante el procedimiento de justiprecio.
La administración de Nasry Asfura sostiene que la culminación del proyecto permitirá mejorar la circulación en la salida sur de Tegucigalpa, reducir los congestionamientos y disminuir el tiempo y los costos de traslado para miles de conductores y pasajeros que utilizan diariamente esta ruta.