El Estado de Honduras compareció este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia temática sobre la situación de la independencia judicial en el país, aunque su participación se limitó a la lectura de un pronunciamiento oficial presentado por la embajadora adjunta ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Marlene Villela.
El documento fue elaborado de manera conjunta con la Procuraduría General de la República y otras instituciones estatales, y en él Honduras expresó su desacuerdo con la convocatoria realizada por el organismo internacional, al considerar que la audiencia pudo tener un enfoque político.
“El Estado de Honduras lamenta que la Comisión convocara a una audiencia con sesgo político”, señaló la diplomática al dar lectura al posicionamiento oficial durante la sesión.
Villela explicó que, luego de revisar la solicitud presentada por las organizaciones peticionarias y la información disponible públicamente, el Gobierno hondureño concluyó que los planteamientos expuestos no correspondían al propósito de las audiencias generales establecidas en el reglamento de la CIDH.
La representante hondureña sostuvo que la normativa del organismo interamericano establece diferencias entre los distintos tipos de audiencias y afirmó que el Estado mantiene una relación de respeto y cooperación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por su parte, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra Iglesias, indicó que Honduras continuará participando en estos espacios internacionales, pero defendió la decisión de presentar únicamente una postura general durante la audiencia.
Aspra argumentó que la estrategia del Estado busca preservar elementos de defensa que podrían ser utilizados en eventuales procedimientos internacionales relacionados con exfuncionarios separados de sus cargos mediante la figura del juicio político. Según explicó, revelar esos argumentos durante la audiencia podría afectar futuras acciones jurídicas.
Durante la exposición oficial también se pidió a la CIDH respetar sus competencias y evitar intervenir, de manera directa o indirecta, en asuntos considerados internos del Estado hondureño, particularmente en relación con procesos políticos aplicados a exfuncionarios del Ministerio Público y organismos electorales.
La audiencia, desarrollada el 5 de agosto de 2026 en Washington, tuvo como eje principal la situación de la independencia judicial en Honduras y fue solicitada por organizaciones como Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Al cierre de la sesión, representantes de la CIDH señalaron que el organismo cuenta con las competencias para abordar la temática planteada y destacaron que durante la audiencia se evidenciaron dos posiciones distintas: por un lado, la de la Comisión y las organizaciones civiles, enfocada en evaluar la independencia judicial; y por otro, la del Estado hondureño, centrada en cuestionar el alcance de las atribuciones del organismo internacional y su intervención en asuntos vinculados al juicio político contra exfuncionarios.