El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió el proceso de juicio político que terminó con la separación de varios funcionarios y aseguró que las decisiones adoptadas por el Legislativo se apegaron a las disposiciones constitucionales y garantizaron el derecho a la defensa.
El Congreso destituyó al exfiscal general Johel Zelaya, al exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán y separó de su cargo al exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, tras los procesos impulsados en el Legislativo.
Zambrano rechazó los señalamientos de persecución política realizados por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y recordó que durante administraciones anteriores también se promovieron múltiples juicios políticos, aunque no contaban con los votos suficientes para concretarlos.
A su criterio, los funcionarios separados incurrieron en presuntos abusos de poder y actuaciones que habrían afectado el proceso democrático. También sostuvo que durante el procedimiento se respetaron garantías como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
El titular del Legislativo confirmó además que el Congreso enviará por escrito documentación y pruebas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lugar de participar presencialmente en la audiencia relacionada con el proceso. Explicó que se trata de una denuncia ante el organismo y no de un juicio.
Zambrano indicó que aún está pendiente definir el papel que asumirán el Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República en la defensa. Agregó que los funcionarios destituidos pueden recurrir ante la Corte Suprema de Justicia mediante recursos de amparo.
Congreso busca acuerdos para reformar el sistema eléctrico
En otro tema, Zambrano afirmó que continúan las conversaciones con la bancada del Partido Liberal para alcanzar acuerdos sobre las reformas al sistema eléctrico y dijo estar a la espera de una propuesta que permita avanzar con la iniciativa.
Advirtió que mientras no se modifique la legislación, el Estado y los ciudadanos continuarán enfrentando las pérdidas financieras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El presidente del Congreso aseguró que la propuesta no contempla privatizar la empresa estatal, sino modernizarla, reducir las pérdidas, mejorar el servicio y procurar tarifas más accesibles para la población.